Tenemos al menos dos décadas en las que las autoridades aduanales, han orientado esfuerzos a la modernización del sistema aduanero mexicano con una visión “paperless”, que implica la digitalización de procesos como factor de competitividad y eficiencia. Estos esfuerzos derivan de los compromisos internacionales del gobierno mexicano ante la Organización Mundial de Aduanas (OMA), Organización Mundial de Comercio (OMC), de acuerdos comerciales y de seguridad de la cadena de suministros, entre otros.
En este sentido, la operación cotidiana de importación y exportación en México ha enfrentado procesos de implementación de medidas que podemos decir iniciaron con la transición de la Captura Desconcentrada del Pedimento Aduanal (CADEPA) al Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI) y su posterior versión SAAI M3, pasando entre otros por la Ventanilla Unica de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM), o el Pago Electrónico Centralizado de Pedimentos (PECA), la integración del Modelo de Administración Tributaria de Comercio Exterior (MATCE), el Documento de Operación para el Despacho Aduanero (DODA) y el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA).
Es claro que todos estos procesos de implementación en las aduanas, han obligado a las empresas involucradas en operaciones de importación y exportación, a interpretar las nuevas reglas, invertir en tecnología y hacer los ajustes necesarios en sus procesos internos para adaptarse a los cambios. A pesar de que en mayor o menor grado, en todos estos procesos la operación diaria de los usuarios del sistema aduanero mexicano se ha visto impactada, hasta ahora había existido una dirección normativa por parte del SAT y un soporte tecnológico para la implementación operativa en turno e incluso una participación de la comunidad de comercio exterior para lograr una mayor claridad en la operación aduanera.
Sin embargo, una interrogante surgió el año pasado cuando se anunció que la Aduana dejaría de ser una unidad administrativa del SAT para volverse un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Esta separación significa que las aduanas contarían con autonomía financiera y de gestión, y por tanto se abría la posibilidad de que en algún momento hubiese una falta de coordinación entre el órgano recaudador y el órgano encargado de controlar la entrada y salida de mercancías, en temas de normatividad y criterios de aplicación.
Este 2022, los esfuerzos hacia la modernización del sistema aduanero mexicano continúan, y el más reciente cambio que se anunció el pasado mes de mayo, en el que la Agencia Nacional de Aduanas de México mediante el boletín número 6, comunicó a los usuarios de comercio exterior la implementación del Aviso de Cruce (AVC) en las aduanas del país, con la intención de incorporar beneficios para los usuarios del comercio exterior, tales como la transmisión de menos datos para obtener el número de AVC, o que en los carriles de carga que cuenten con componentes tecnológicos del PITA, se pueda realizar la lectura del dispositivo tecnológico mediante el tag del vehículo, para agilizar la activación del Mecanismo de Selección Automatizado (MSA) y que no sea necesario el uso del gafete único de identificación del transportista.
El reto es que el proyecto Aviso de Cruce (AVC), que entró en vigor el pasado 1 de agosto, se realizó sin previa coordinación con el órgano recaudador, por lo que el SAT solicita a la ANAM analizar la pertinencia de suspender la operación de AVC, hasta en tanto, se coordinen las acciones necesarias y se gestionen las adecuaciones a la normativa vigente.
En resumen, ¿Que esperar de los cambios tecnológicos de la ANAM?
Debemos esperar más proyectos de modernización del sistema aduanero mexicano y, por tanto, más cambios en nuestros procesos de comercio exterior. Debemos esperar, además, que las autoridades de la ANAM y del SAT coordinen sus acciones para ofrecer a los usuarios una efectiva facilitación aduanera con la seguridad jurídica y de operación correspondiente. Sin embargo, también podemos esperar algunas discrepancias en criterios entre estos dos órganos autónomos, por lo que es importante estar alerta de los cambios tecnológicos propuestos, trabajar muy de cerca con sus asesores y proveedores de servicio de comercio exterior, y mientras sea posible, apegarse en la operación a lo establecido en las Reglas Generales de Comercio Exterior, el Reglamento de la Ley Aduanera y la propia Ley, así como integrar sus expedientes con los antecedentes disponibles, incluyendo oficios emitidos por las administraciones locales, especialmente en los casos en los que pudiera haber incertidumbre en la normativa aplicable.
