El combate a la corrupción es, hoy por hoy, una bandera de acción en México y el mundo, tanto en políticas públicas, como en la iniciativa privada.
El discurso sobre la materia ha sido recurrente y focalizado, al grado de materializarse en normas estructurales que, si bien complejas y hasta cierto punto con alcances jamás antes vistos, también son necesarias para hacer frente al problema de la corrupción.
En 2015 comienza una nueva era en materia de combate a la corrupción en México, pues a partir de ese año se publican una serie de leyes que consolidan todo un Sistema Nacional Anticorrupción.
Una norma fundamental de “anticorrupción” ha resultado ser la Ley General de Responsabilidades Administrativas (la “Ley”), misma que tiene sus correlativas en cada entidad federativa del país, y que, a nuestro juicio, es un ordenamiento que resulta un tanto agresivo en lo que se refiere a las responsabilidades de personas físicas y morales.
La Ley dispone de ciertas “herramientas” en torno a programas de integridad empresarial fundamentales para prevenir la comisión de faltas administrativas de las denominadas como “Graves” y así sanear negocios, además de asegurar un tranquilo desempeño de las sociedades, sus miembros, directivos y colaboradores.
TP Legal Group ofrece a nuestros clientes la implementación de “Políticas de Integridad” para no solo mitigar eventuales sanciones derivadas de actos y faltas graves de acuerdo a la Ley, sino para prevenir y “blindar” sus operaciones y acciones corporativas ante el escenario de exposición a riesgos de actos de corrupción.
Los actos y faltas de naturaleza “Grave” que pudieran cometer los particulares consisten en lo siguiente:
- Soborno.
- Participación ilícita en procedimientos administrativos.
- Tráfico de influencias.
- Utilización de información falsa.
- Obstrucción de facultades de investigación.
- Colusión.
- Uso indebido de recursos públicos.
- Contratación indebida de ex-servidores públicos.
Una Política de Integridad funciona como documento normativo/reglamentario hacia el interior de la empresa y tiene como finalidad evitar riesgos y establecer medidas de prevención contra actos de corrupción; sus elementos son los siguientes:
- Manual de organización.
- Código de conducta.
- Sistemas de control, vigilancia y auditoría.
- Sistemas de denuncia.
- Sistemas de capacitación.
- Políticas de recursos humanos.
- Mecanismos de transparencia.
En nuestra firma contamos con experiencia probada en el tema y podemos ayudarle de manera integral para, en principio, realizar un análisis de riesgos (due diligence) en materia de corrupción de acuerdo al objeto social de su empresa y conocer a detalle sus áreas delicadas/frágiles/vulnerables y elaborar un “traje a la medida” que sea funcional, útil y acorde con las características esenciales de sus modelos de negocio.
De acuerdo a la normatividad que rige las responsabilidades administrativas en México, una persona moral puede ser objeto, tratándose de actos de corrupción que le sean imputados, de sanciones de diversa naturaleza, tales como:
- Sanción Económica que para el caso de personas morales puede alcanzar hasta un aproximado de $130´000,000 de pesos M.N.
- Inhabilitación Temporal para Participar en Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios u Obras Públicas por un periodo máximo de 10 años tratándose de personas morales.
- Suspensión de Actividades por un periodo máximo de 3 años.
- Disolución de la Sociedad.
- Indemnización por Daños y Perjuicios Ocasionados a la Hacienda Pública.
Si se cuenta con Políticas de Integridad en términos de la Ley, las autoridades competentes tienen la obligación de tomarlas en consideración para determinar, calificar y hasta quizá matizar su nivel de responsabilidad en el acto de corrupción.
El cumplimiento normativo de una empresa (Compliance) es indispensable para su operación cotidiana, establecimiento de negocios, salud financiera y económica, cumplimiento de obligaciones tributarias, entre otras. Por consiguiente, en TP Legal Group nos reiteramos a sus órdenes para, primeramente, identificar si su empresa se constituye como una de “alto riesgo” en donde pudieran surgir actos de corrupción y, de ser el caso, establecer Políticas de Integridad exclusivas para su empresa y “acompañarlos” en cada proceso de negocios en que participe.
Alejandro Pedrín | apein@tplegal.net
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Leobardo Tenorio-Malof | ltenorio@tplegal.net
Mauricio Tortolero | mtortolero@tplegal.net
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